La princesa está triste… ¿Qué tendrá la princesa?

Lo dice la Constitución: “todos los españoles somos iguales ante la ley”, pero la clase dominante dice que “unos españoles son más iguales que otros”, porque “siempre ha habido clases”.
Cuando esta clase quiere defender o hacer uso de la impunidad de su gente, en España, retuerce la norma y se inventa una argucia jurídica con la que sus evidencias y sospechas valen más que las de los ciudadanos. Es decir, se convierten en juez y parte. De esa manera, si el imputado pertenece a la clase a la que sirven, este puede descasar tranquilo: ellos le evitarán el juicio, la cárcel y la sanción.
Es lo que pasa con la Infanta Cristina, esposa de defraudador y tan esposa como lo es la del socio, Diego Torres, también imputado, pero con la salvedad de que no es Infanta ni implica connivencias con la Casa Real.
Hasta los encargados de representar al Estado, la Abogada del Estado y el Fiscal, tan aprendida tienen su misión redentora de los miembros de la clase dominante, que, incluso, distorsionan las prerrogativas de la Administración y las Instituciones. Hacienda, que es la Administración presuntamente acreedora de la Infanta, ya no es lo que es. Ya no es esa Administración por ezcelencia de la que el ciudadano se siente representado, dado su carácter recaudador de nuestros impuestos. Aquello que un día, Montoro dijo de que “Hacienda somos todos”, con la sana intención de motivarnos más al pago de nuestras cargas fiscales y evitar posibles fraudes, como el que se está juzgando; al entender de los “acusadores”, devenidos hoy en defensores, no es sino mera acción publicitaria Y eso que la labor de la Acción o Acusación Popular está recogida en la Constitución. Otra cosa es la importancia que los servidores de la Justicia o el PP, que es el que requiere una determinada salida al conflicto, dan a los preceptos constitucionales. Hasta, como dice el artículo, pensaron en “acabar con la Doctrina Botín”, que es como se llama a estas argucias, percatados de la insostenibilidad de su irregularidad.
Siempre que se cumplan con las exigencias constitucionales de que la Acusación Popular se ejecute con las debidas garantías de quien la lleve a cabo, tan buena es la acción procesal como la de la Fiscalía. De la solvencia de las pruebas mostradas en proceso por ambas instancias, deberá resolverlas el juez. Nunca un Fiscal o una Abogada del Estado.

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Voy a guardar la doctrina Borbón que se nos viene (tan edificante y solidaria) para presentarla en Hacienda y el archivo de la causa de la Aguirre en la guantera del coche por si me echan el alto los de tráfico.
Y si me empapelan me pido de abogado defensor al fiscal Horrach o a la señora abogada del estado que nos ha contado lo de la publicidad engañosa. Mientras Mariano habla de la necesidad de estabilidad para solicitar respaldos a su candidatura, y De Guindos nos cuenta que los Mercados reclaman también seguridad jurídica frente a la deriva independentista, parece que nos confirman que los ciudadanos NO somos el objeto de sus esfuerzos “salvo alguna cosa”: exprimirnos para que todo siga igual, igual de mal.

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