Escándalo de Volkswagen y el Ministro Soria escondido

Que se puede esperar de un Ministro que ha manejado de la manera que lo ha hecho, en temas como el proyecto Castor, que nos costó como mínimo los 1.500 millones que se le regalaron a la empresa de Florentino Pérez; o los proyectos de prospección petrolífera de las Baleares y, sobre todo, Canarias, zonas turísticas por excelencia; o la cogestión de las políticas energéticas realizada con de las empresas eléctricas. Con esa gestión, no podrían admninistrar ni una comunidad de vecinos.
A un Gobierno se le supone la obligación de administrar y defender con eficacia los intereses de todos los ciudadanos ante cualquier eventualidad contraria a ellos. Si no lo hace así, los gobernados, como soberanía nacional que son, y a través de las instituciones donde están representados, arbitrarán las medidas contempladas en la Constitución para solicitarles el cese.

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El caso Volkswagen, ha adquirido una dimensión alarmante, si tenemos en cuenta que las repercusiones del tremendo fraude puede afectar seriamente a la economía nacional. No se puede solucionar un problema que no se quiere ver. Hay que afrontarlo desde el primer momento y tomar las medidas necesarias para paliar las consecuencias.
No es fácil comprender que mientras Europa entera está alarmada y se disponga a adoptar medidas de choque, este Ministro, y por extensión todo el Gobierno, contemple impasibles lo que podría ocasionar una nueva recesión, sin habernos recuperado de la anterior. Una irresponsabilidad que ninguno de esos países toleraría.

Que gobierno de miserables, cobardes y arrastrados, fuertes con los débiles, débiles con los fuertes. Marionetas de la Troika, de Merkel, del dinero, comprados, vendidos, prostitutas del poder. Corruptos hasta los tuétanos, ruines, mediocres, plasmados, ineptos. Estos escándalos deberían hacernos recapacitar sobre los límites del mercado libre y la necesidad de que exista un control-supervisión por parte de organismos externos (llámense Estados, organismos supraestatales o asociaciones de consumidores) La ley de oferta y demanda tiene sus virtudes, entre ellas, que regula la especialización y mejora de productos y servicios útiles para la sociedad, favoreciendo el progreso… Pero también sus carencias, por ejemplo, que perpetua la desigualdad en favor de una minoría con poder económico y fáctico si no se toman medidas correctoras.
Ante fraudes como éste debemos actuar con contundencia, castigando a los privilegiados que intentan pervertir aún más un sistema imperfecto que ya les beneficia en la mayoría de las ocasiones sólo por su posición dominante.
No basta, en mi opinión, que se despida a los directivos. Hay que depurar responsabilidades a todos los niveles. Tampoco me contento con que haya multas millonarias, ya que eso repercutirá de una forma u otra en los asalariados y accionistas, que no son para nada culpables. Hay que actuar con cautela, procurando que no paguen el pato los más débiles, porque mientras los privilegiados no se sientan de verdad amenazados (hablo de condenas penales, no sólo mercantiles, y de embargamiento de bienes) seguirán cometiendo vilezas como ésta.

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Como digo, para mí el mayor problema está en que, si finalmente empresas tan grandes como éstas quiebran, los Estados no puedan hacer frente al desempleo generado. El riesgo es muy alto, pero creo que debemos asumirlo si queremos un sistema económico más justo…

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